APRENDER DE LA HISTORIA: ¿QUÉ NOS HA DEJADO EL EXTRACTIVISMO MINERO Y PETROLERO EN EL ECUADOR?

A la clase trabajadora, a los pueblos y nacionalidades; a las organizaciones populares del campo y la ciudad; a las juntas de agua y de riego; y a todos los hermanos y hermanas que habitamos Ecuador, Abya Yala, el mundo:

1.Aprender de la historia reciente

Para comprender la gravedad detrás del discurso de la bonanza minera en Ecuador, basta mirar la experiencia petrolera. En 1972 inició la exportación de petróleo bajo la promesa de que el país superaría la pobreza y alcanzaría el “desarrollo”. Más de cincuenta años después, las consecuencias de la supuesta “riqueza petrolera” son: destrucción ambiental, enfermedades, deuda externa, violencia, despojo y muerte .

Hoy la historia se repite. El Estado en alianza con las empresas transnacionales presentan la minería como único camino para generar ingresos, superar la pobreza y pagar las deudas. Cambió el recurso, pero permanece la misma dinámica: convertir los territorios y sus bienes naturales en mercancía para que un grupo privilegiado y minoritario de personas siga acumulando capital a costa de una mayoría empobrecida, excluida, violentada y despojada; agrandando la desigualdad social basada en el despojo de los territorios, el verdadero problema estructural a resolver.

Ecuador no es un país pobre. Es un territorio de enorme riqueza biológica, hídrica, alimentaria, cultural y productiva, construido y preservado por generaciones. La pelea es por quién decide sobre este territorio y quién determina su destino.

Quienes habitamos en estos territorios tenemos la memoria viva, sabemos que desde la conquista, hace más de 500 años el despojo territorial fue acompañado por la explotación y el  genocidio de los pueblos originarios y legitimado en nombre de la civilización, la modernidad y el progreso. Hoy esa idea se actualiza bajo el lenguaje de “inversión, progreso y desarrollo”. El Estado abre el camino al capital extractivo, las comunidades deben defender sus territorios, sus formas de vida, sus derechos en completo hostigamiento y la continuidad de la vida está amenazada si el agua se contamina.

Por eso, la minería no es una salida a la pobreza, es la profundización de un modelo histórico de despojo. El progreso aparece como una promesa de futuro utilizada para justificar la destrucción del presente. La pregunta concreta es: ¿progreso para quién y a costa de qué territorios?

2.Contexto de la reapertura del catastro

El Gobierno de Daniel Noboa avanza hacia la reapertura del catastro minero para la minería metálica de mediana y gran escala. Mediante un trámite administrativo, pretende habilitar la entrega masiva de nuevos territorios a capitales transnacionales.

El Plan Nacional de Desarrollo Minero contempla destinar alrededor del 20 % del territorio nacional a la minería metálica. Si esto llega a ocurrir, el Ecuador entraría en una de las fases de despojo territorial más profundas de su historia republicana.

La reapertura del catastro minero viola la Constitución que establece que los recursos naturales no renovables son propiedad inalienable, imprescriptible e indivisible del Estado. Sin embargo, el régimen de concesiones convierte esos recursos en títulos transferibles y negociables, como si el subsuelo, el agua, los bosques y los territorios comunitarios pudieran ser divididos en pedazos y ponerse a disposición del mercado, incluyendo a las personas que habitan en ellos.

Desde 2025, mediante un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, se impulsa la prospección geofísica minera en la Cordillera Oriental que incluye provincias de los Andes y la Amazonía, es decir, estudios para buscar y localizar posibles yacimientos minerales bajo la tierra. A través de sobrevuelos de helicópteros, están levantando información que servirá para identificar nuevas áreas mineras sobre territorios indígenas, campesinos y comunitarios, sin informar y consultar a las comunidades.

A esto se suman los Tratados de Libre Comercio con la Unión Europea, China, Canadá y Estados Unidos, así como otros acuerdos que tienen el objetivo de garantizar el acceso a minerales críticos y tierras raras a las grandes potencias, en el marco de la disputa mundial por recursos estratégicos. Mientras las comunidades enfrentan las consecuencias de su extracción.

Este proceso no comenzó con el actual Gobierno. Desde la década de 1990, sucesivos gobiernos han impulsado reformas destinadas a convertir al Ecuador en un país minado.

Durante el actual régimen, esta transformación se ha profundizado mediante normas que amplían la vigilancia y espionaje estatal (Ley de Inteligencia), restringen la acción de las organizaciones sociales frente a la minería (Ley de fundaciones) y aceleran los proyectos mineros a la vez que militarizan territorios (Ley minera).

Lo que está en marcha no es únicamente la expansión de una actividad económica. Es una disputa por el territorio, el agua y las condiciones que hacen posible la vida, es decir que se produzcan los alimentos, la flora, la fauna así como la relación espiritual con la naturaleza. Contaminar, controlar y limitar el acceso al agua es controlar la vida. 

3.La nueva colonización de los territorios

Luego de 534 años, la apertura del catastro minero pretende inaugurar un nuevo ciclo de colonización: antes bajo el dominio de la Corona española; hoy, al servicio de gigantescas empresas transnacionales mineras.

Para los conquistadores antiguos y modernos, la vida de quienes habitamos este territorio no significa nada, así como quisieron exterminar a los Pueblos Originarios hace más de 500 años, pues no fuimos “considerados” seres humanos; sino tratados y vendidos como mercancía dentro de las haciendas. La historia parece repetirse sobre la vida de todas y todos en pleno siglo XXI, porque así como los ecosistemas de los andes, la costa y la amazonía están relacionados por el agua, la vida de quienes habitamos este país en el campo y la ciudad también se interrelaciona y está amenazada.  

Hoy, el Estado negocia con las empresas transnacionales la entrega de los territorios que habitamos hace miles de años, poniendo nuevamente en riesgo a familias indígenas, campesinas, montubias y afrodescendientes.

El extractivismo minero pretende instalarse en nuestros cerros, bosques, cordilleras y llanuras. Territorios que tienen un complejo ecosistema que garantiza la vida de las personas . Las montañas no son objetos ni mercancías: son territorios vivos, anteriores a nuestra existencia y fundamentales para su reproducción.

Para la sabiduría milenaria de los pueblos originarios de los Andes y la Amazonía, las cordilleras son lugares sagrados. Allí habitan nuestras deidades, los apukuna y allí nace y se cría el agua desde las montañas, baja en riachuelos y ríos y se une con el mar.

De estas montañas proviene el agua que sostiene los cultivos, la crianza de animales, las personas en el campo, pero también abastece a las ciudades; permite las actividades productivas, industriales y turísticas. La Cordillera de los Andes es una de las últimas grandes reservas de agua. Si la minería la destruye, no habrá otra frontera a la que acudir en busca del agua que sostiene la vida. 

4.Llamado urgente a detener la catástrofe

Frente al avance del Estado y del capital transnacional, quienes defendemos nuestro derecho a decidir sobre nuestros territorios y a sostener nuestras formas de vida: llamamos urgente a movilizarnos por el cierre del catastro minero, la suspensión del régimen de concesiones inconstitucionales y la apertura de un verdadero debate nacional sobre el futuro del Ecuador.

Llamamos a una acción colectiva radical, democrática y territorial para defender la continuidad de la vida en el país. Radical, porque vemos la raíz del problema: un sistema de modernidad capitalista que convierte la naturaleza en objeto, la vida en mercancía, el territorio en activo financiero al servicio de las élites globales y nuestras vidas como “cuerpos descartables”.

Llamamos a levantar asambleas comunitarias, construir resoluciones territoriales, presentar medidas cautelares y acciones de protección, promover consultas populares y veedurías, impulsar movilizaciones y mingas de información y comunicación, articular alianzas urbano-rurales y fortalecer procesos de defensa jurídica y política en cada cantón, parroquia, comunidad y provincia del país.

A las juntas de agua potable y de riego: el catastro minero amenaza directamente los sistemas comunitarios que sostienen la vida rural y urbana. Una concesión en una zona de recarga hídrica puede convertirse mañana en contaminación, reducción de caudales, conflicto social y pérdida de soberanía sobre el agua.

A las organizaciones campesinas: la minería amenaza la soberanía alimentaria. Donde se impone la megaminería, se deteriora la producción agropecuaria, se encarece la tierra, se militariza los territorios y se sustituye la economía campesina por una minera.

A los pueblos y nacionalidades: esta es una nueva fase de colonización. La minería sobre territorios indígenas no es solamente una actividad económica; amenaza la continuidad cultural, espiritual, política y material de los pueblos.

A las ciudades: sin páramos, bosques, selvas, montañas, nacientes y ríos vivos no habrá agua potable, alimentación segura, salud pública ni futuro. La defensa del agua no es un problema rural: es una causa nacional.Los minerales no se comen.

Desde los pueblos en lucha recordamos que, gracias a la resistencia histórica, el Ecuador todavía no se ha convertido plenamente en un país megaminero. Esta es una victoria histórica de las comunidades, de las mujeres, de las organizaciones indígenas y campesinas, de los jóvenes, de los pueblos amazónicos, de las juntas de riego, de las comunas y de todas las personas que durante décadas han resistido al despojo.

El Ecuador puede escoger otro camino. Puede orientar su economía hacia la justicia social, fortaleciendo la pequeña y mediana producción, la soberanía alimentaria, la economía campesina y el cuidado y la restauración de los ecosistemas.

Esto implica impulsar el turismo comunitario, las economías populares, la agroecología, la educación y la salud pública, la ciencia, la cultura y las condiciones que permitan a los pueblos vivir dignamente en sus territorios.

Pero para ello hay que actuar ahora. No podemos permitir que el país sea vendido en trozos, que los ríos sean hipotecados ni que los páramos sean entregados al extractivismo.

No podemos permitir que la Cordillera Oriental de los Andes, donde nacen los ríos que sostienen la vida de la Costa y la Amazonía; los bosques, los territorios indígenas y las comunidades campesinas, sea convertida en una zona de sacrificio. Defender estos territorios es defender el agua, la vida y el futuro del Ecuador.

Queremos un país con agua.
Queremos territorios vivos.
Queremos pueblos libres.
Queremos justicia para quienes han defendido la vida.
Queremos un Ecuador sin miedo y sin minas.

¡Cierren el catastro minero!
¡Defender el agua no es delito!
¡Paren la persecución a las organizaciones sociales y defensoras del territorio!
¡El Ecuador no se vende, el Ecuador se defiende!

ECUARUNARI

Frente Nacional Antiminero

Ecuador, 10 de septiembre de 2026