El 11 de septiembre de 1830, cuando nacía la República del Ecuador, el Estado dejó escrita una de las primeras huellas de exclusión contra los pueblos indígenas. El artículo 68 de la primera Constitución establecía:
«Este Congreso constituyente nombra a los venerables curas párrocos por tutores y padres naturales de los indígenas, excitando su ministerio de caridad en favor de esta clase inocente, abyecta y miserable.»
No era solamente un artículo. Era una declaración política. El Estado nacía sin reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derechos, sino como personas incapaces de decidir por sí mismas. Desde entonces comenzó una larga historia de tutela, discriminación y negación.
Ciento sesenta y seis años después, esa historia empezó a cambiar.
El 5 de agosto de 1996, con la presencia de la histórica lideresa Tránsito Amaguaña y miles de indígenas reunidos en El Panecillo, el movimiento indígena dio un paso que transformaría la política ecuatoriana. No buscaba únicamente ocupar espacios de poder; proponía construir una nueva forma de hacer política. Una política donde los pueblos indígenas dejaran de ser observadores y se convirtieran en protagonistas de las decisiones nacionales.
Aquella lucha permitió que los primeros representantes indígenas llegaran al Congreso Nacional y abrió un debate mucho más profundo: el Ecuador debía dejar de verse como un Estado uninacional para convertirse en un Estado donde convivieran, con igualdad y respeto, lo indígena, lo afroecuatoriano, lo montubio, lo mestizo y lo blanco.
En ese mismo horizonte nació un sueño: crear una universidad propia, pública, intercultural y comunitaria, donde el conocimiento ancestral dialogara con la ciencia, donde las lenguas, la memoria y la cosmovisión de los pueblos también fueran reconocidas como conocimiento legítimo. Ese sueño recibió un nombre: Amawtay Wasi, la Casa de la Sabiduría.
Después de años de movilización, el 29 de julio de 2004 el Congreso Nacional aprobó la creación de la Universidad Amawtay Wasi y el 5 de agosto quedó oficialmente registrada. Sin embargo, el Estado aún no estaba preparado para reparar siglos de exclusión. La universidad nació como una institución privada porque no existía una política pública que garantizara el derecho de los pueblos y nacionalidades a una educación superior propia.
Los obstáculos no terminaron allí. En 2013, la universidad fue cerrada, en uno de los momentos más dolorosos para el movimiento indígena. Pero el cierre no apagó la lucha. Comunidades, organizaciones y dirigentes mantuvieron viva la defensa de un proyecto educativo construido durante décadas.
La resistencia dio frutos. En 2018, la Corte Constitucional reconoció que el Ecuador sí podía y debía contar con universidades interculturales con carácter comunitario y público. Ese fallo no solo reivindicó a Amawtay Wasi; reconoció el derecho colectivo de los pueblos y nacionalidades a construir su propio modelo de educación superior.
Ese mismo año nació oficialmente la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi como universidad pública y comunitaria. La ley fue clara: las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades son titulares del derecho colectivo a ejercer una educación propia, y el Estado tiene la obligación de financiar ese derecho mediante recursos públicos.
El Estado también reconocía oficialmente la existencia de 18 pueblos en ese momento y 15 nacionalidades, y con ello asumía una responsabilidad histórica: garantizar una educación superior que respondiera a la diversidad cultural del país.
La lucha continuó.
El 13 de octubre de 2022, como resultado de las movilizaciones nacionales, se firmaron acuerdos para garantizar condiciones reales de funcionamiento de la universidad: asignación presupuestaria, edificio, terreno para un campus universitario y condiciones técnicas que aseguraran su desarrollo. Aquellos compromisos representaban una reparación histórica conquistada con años de organización, movilización y, en muchos casos, con vidas entregadas en defensa de los derechos colectivos.
Gracias a esa lucha se obtuvieron recursos económicos, un edificio y vehículos para el funcionamiento institucional. Sin embargo, muchos de esos compromisos permanecen incumplidos por decisiones políticas que desconocen los acuerdos alcanzados con los pueblos y nacionalidades.
Hoy, en julio de 2026, la historia parece repetirse.
El Gobierno Nacional impulsa un proceso de intervención sobre la Universidad Amawtay Wasi que amenaza su autonomía y el proyecto histórico construido por el movimiento indígena. Paradójicamente, mientras se niegan cerca de cinco millones de dólares indispensables para el funcionamiento de la universidad —recursos que podrían obtenerse recuperando fondos perdidos en casos de corrupción como Progen—, se intenta justificar una intervención basada en una sola denuncia que no ha sido sometida a investigación técnica, peritajes, verificación documental ni visitas institucionales.
Los cuestionamientos quedaron expuestos durante la sesión del Consejo de Educación Superior (CES) del 13 de julio de 2026. Cuatro consejeros decidieron abstenerse de votar porque consideraron que no existían fundamentos técnicos suficientes para una medida de semejante gravedad. Incluso la consejera Dra. Catalina Vélez, con una década de experiencia en el organismo, manifestó que nunca había conocido un procedimiento similar y advirtió la ausencia de sustento técnico y las posibles vulneraciones al debido proceso.
La preocupación aumentó al conocerse que días antes se intentó iniciar un proceso semejante utilizando una denuncia presentada falsamente a nombre de una estudiante de Amawtay Wasi. La joven negó haber presentado ese documento y denunció ante la Fiscalía el presunto delito de falsificación de identidad. Un hecho de esa magnitud exige una investigación transparente e independiente para determinar responsabilidades.
Aun así, el informe que busca justificar la intervención sostiene que existe «incertidumbre» entre los estudiantes respecto a la continuidad de sus estudios. Pero esa incertidumbre no nació dentro de la universidad. Fue consecuencia del recorte de 128,9 millones de dólares aplicado a 19 universidades públicas, incluida Amawtay Wasi, dentro del Presupuesto General del Estado para 2026, aprobado en noviembre de 2025. En lugar de corregir esa decisión o garantizar el financiamiento que corresponde, hoy se pretende responsabilizar a la propia universidad por una crisis provocada desde el Estado.
La historia demuestra que Amawtay Wasi nunca fue un privilegio. Fue una conquista. Cada paso de su existencia ha sido el resultado de décadas de resistencia frente a un Estado que durante mucho tiempo negó el derecho de los pueblos indígenas a educarse desde su propia identidad.
Entre el artículo 68 de 1830, que calificaba a los indígenas como una «clase inocente, abyecta y miserable», y la amenaza de intervención de 2026 existe un mismo hilo conductor: la disputa por el reconocimiento pleno de los pueblos y nacionalidades como sujetos de derechos y capaces de decidir sobre su propio destino.
Defender Amawtay Wasi no significa defender únicamente una universidad. Significa defender la memoria de quienes lucharon para que el Ecuador reconociera su diversidad, la autonomía universitaria como principio democrático y el derecho de los pueblos y nacionalidades a construir su propio conocimiento.
Porque la historia enseña que cuando se intenta debilitar a Amawtay Wasi, no solo se pone en riesgo una institución. Se pone a prueba el compromiso del Estado ecuatoriano con la plurinacionalidad, la interculturalidad y la justicia histórica que todavía sigue siendo una deuda pendiente.